Banderazo a rebatiña presupuestal
Alberto Barranco
La campal, en cuyo centro de la arena se ubica el proceso electoral en que se disputará la Presidencia de la República, camina por tres vías: la pretensión panista de incrementar el gasto social para apuntalar su resquebrajada plataforma de adeptos; la pretensión priísta de incrementar las participaciones a las entidades federativas para reforzar el apoyo bajo el agua a sus campañas, y la necesidad de incrementar el gasto de inversión y el reforzar el mercado interno como medidas anticíclicas frente a la desaceleración económica. Ambición política, pues, frente a sensatez, en un escenario en que se vuelve insostenible la permanencia del secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, dada su doble cachucha de precandidato presidencial.
El botín en la mesa es de tres billones 670 mil millones de pesos, lo que representa un incremento de 236 mil millones frente al presupuesto de este año, por más que no habrá más impuestos.
Sin embargo el primer round entre priístas y panistas llegará ante la pretensión de los primeros, cobijados por la cúpula empresarial que cambió la bandera blanquiazul por la tricolor, de desaparecer el Impuesto Empresarial de Tasa Única y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios que se cobra a las operaciones en materia de telecomunicaciones.
Del otro lado de la mesa, el panismo pugnará, en afán de supuesto equilibrio frente a la posibilidad de perder la partida, por el desmantelamiento total de los subsidios a las gasolinas y el diesel.
Ahora que el segundo round apuntará a estirar la expectativa del precio promedio de petróleo, en afán de ganar recursos en el escritorio, por más que pareciera equilibrada la propuesta colocada por Hacienda de 75.6 dólares por barril.
El tercer round se librará con base a la expectativa de endeudamiento del país. Los priístas quieren mayor amplitud; los panistas un escenario conservador.
Por lo pronto, la propuesta de gasto de la Secretaría de Hacienda plantea un incremento extraordinario en desarrollo social, lo que implica un crecimiento de 120% para salud; de 100% para el programa de combate a la pobreza; de 90% para seguridad y de 50% para educación.
Más al detalle, el Programa de Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal tendría un incremento de 82.6%; el de Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil de 20, en tanto los recursos para la Administración del Sistema Penitenciario Federal alcanzarían un crecimiento de 162%.
A su vez, crecería en 43.1% el presupuesto para las escuelas de tiempo completo; 12.5% el que se destina a la producción de libros de texto gratuito, y 89% el del Seguro Popular, lo que en este caso en términos monetarios implica 67 mil 500 millones de pesos adicionales. Del otro lado de la moneda, a contrapelo de la presunción del “sexenio de la infraestructura”, se reduce en 24.4% el presupuesto para carreteras y en 72% el destinado para carreteras alimentadoras y caminos rurales. En paralelo, baja 34.2% el destinado a Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural, y 12% del Procampo.
Se diría, pues, que se privilegia la posibilidad de votos a favor de la causa oficial que el impulso hacia el crecimiento económico del país, pese a la constante revisión a la baja de las expectativas.
A juicio de los economistas ortodoxos, entre ellos Consultores Internacionales, la prioridad del presupuesto debería ser incentivar el mercado interno vía la ejecución de obras públicas que se han venido postergando.
En paralelo, se plantea incrementar el contenido nacional de compras del gobierno, con privilegio a las pequeñas y medianas empresas, a quienes se integraría a programas de innovación y desarrollo tecnológico.
Como lee usted, el escenario, colocados en la mesa el sobreendeudamiento de las entidades federativas y del propio gobierno federal; desplomada la producción de petróleo; castigada la planta productiva con una competencia desigual del exterior, con inseguridad galopante y con impuestos desmedidos, pareciera oscilar entre la ortodoxia y la pelea por el poder.
Por lo pronto, el plazo para llegar a un acuerdo vence el 15 de noviembre próximo.
Dos meses de araños, golpes bajos, patadas bajo la mesa y jalones de cabellos… para llegar al ésto-por-esto-otro.
Balance general
Desvanecido el espejismo con el que Petróleos Mexicanos trató de disfrazar su apresuramiento en adquirir un fragmento adicional del capital de la productora española Repsol ante la dramática caída en el precio de las acciones de ésta, lo que ha redituado en una pérdida a la paraestatal de 128.1 millones de dólares en el valor de su tenencia accionaria, la exigencia de cuentas a ésta se ha intensificado.
Mientras el Senado aprobó un punto de acuerdo para exigir a la Secretaría de Hacienda un informe sobre la operación y sus motivaciones, los cuatro consejeros independientes de Pemex han diseñado una estrategia para cuestionar los supuestos beneficios de la adquisición.
Por lo pronto, en la fase previa al visto bueno del Consejo de Administración a la operación realizada, se debe recabar el del Comité de Estrategias de Inversión integrado por el director general de la empresa pública, Juan José Suárez Coppel; el subsecretario de Hidrocarburos, Mario Gabriel Budebo, y Jaime Zabludovsky.
Furia contra Medina
A la callada, la semana pasada, al estruendo brutal aún del incendio provocado contra el Casino Royale que le costó la vida a 52 usuarios, un grupo de 10 empresarios de Monterrey, entre ellos el presidente de Cementos Mexicanos, Lorenzo Zambrano, y el de FEMSA, la principal fabricante de bebidas en el país, José Antonio Fernández Carbajal, se reunieron en Los Pinos con el presidente Felipe Calderón.
El tema fue la grave crisis de seguridad que se vive en la capital de Nuevo León, en cuyo abanico las extorsiones, las amenazas de secuestro, las balaceras y los muertos se vuelven cotidianos.
A partir de ahí se ha iniciado una campaña contra el gobierno que encabeza el priísta Rodrigo Medina, ya con declaraciones inusuales como con cabildeos ante el Congreso para un posible juicio político.
La pregunta es si bajo el mismo marco del ¡ya-basta!, los regios empiecen a levantar la mira.
Por lo pronto, ya lograron que el Partido Acción Nacional le pida la cabeza al alcalde de Monterrey, Fernando Larrazabal, cuyo hermano, Jonás, está acusado de extorsionar a los casinos, por más que su cercanía con el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, parecía colocarlo en calidad de intocable.
Aquanima en México
Quien llegó al país en visita relámpago es el presidente del Consejo de Administración de la empresa española Aquanima, Gonzalo Rodríguez Marizcurrena.
La firma, fundada hace una década, es parte del Grupo Santander y se dedica a comercializar un modelo de gestión de compras cuyo efecto es generar ahorros de hasta 14%.
La empresa gestiona en el país 500 millones de dólares y a nivel mundial cinco billones.