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Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

H. Congreso del Estado de Chiapas

Sin Estado laico regresaríamos a la inquisición

Categoría: Portada | Colocada por: ASICH | Fecha: 05-04-2019 | [Imprimir]

En el Foro Libertad Religiosa dentro del Estado Laico se analizaron y reflexionaron cómo consolidar el Estado Laico, con la participación de destacados ponentes, especialistas en Derecho Eclesiástico, así como legisladores y el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
En el Teatro Francisco I Madero de esta Ciudad, Beatriz Pagés en su ponencia, destacó que “sin Estado laico regresaríamos a la Inquisición, a las brujas de Salem, a la persecución y quema de herejes. Por eso, los organizadores de este foro y quienes participamos en él venimos a refrendar su
importancia, y también a levantar la voz ante intentos, cada vez más evidentes, de querer acabara con la laicidad del Estado mexicano”.
Además, anotó que el 21 de febrero la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas se reunió con el Presidente de la República para solicitarle concesiones de radio y televisión y poner a su disposición templos, albergues, dispensarios y oficinas con el propósito de colaborar con los programas sociales del gobierno”. Las autoridades dijeron que no veían mal esa colaboración cuando las leyes mexicanas lo prohíben con todas sus letras.
El Artículo 130º inciso “e” es muy claro al precisar que “Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo….” También lo es al señalar que “no podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter político”.
Igual de grave, es el pretender otorgar concesiones de medios de comunicación a las Iglesias cuando la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público dice en su artículo 16º que “Las asociaciones religiosas y los ministros de culto no podrán poseer o administrar, por sí o por interpósita persona, concesiones de medios de comunicación masiva.”
En otro orden de ideas, La libertad religiosa es un derecho humano fundamental que, aparte de garantizar a toda persona la capacidad de elegir y profesar la creencia religiosa de su preferencia o, en su caso, no optar por ninguna, constituye, como lo expresa Jorge Saldaña Serrano, “su patrimonio jurídico frente a la sociedad y frente al mismo Estado”. Su adecuada previsión legal es condición indispensable del Estado de derecho. El reconocimiento de esta libertad incluye a su vez las libertades de culto, credo, asociación, reunión, cooperación, manifestación, proselitismo, etcétera.
La legislación en materia de libertad religiosa debe regir la actuación del Estado en su trato con las asociaciones religiosas y tutelar los derechos de las mismas. La función de aquél tiene que rebasar el límite del simple reconocimiento al derecho de libertad religiosa, ocupándose, además, a fomentar y promocionar el mismo. No hay que olvidar que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la obligación de “promover el respeto universal y efectivo” de los derechos humanos, incluido, obviamente, el derecho de libertad religiosa.
La importancia de la libertad religiosa es incuestionable; ella salvaguarda la conciencia -ámbito personalísimo e inviolable del ser humano-, y garantiza la expresión de las facultades intelectivas en lo que atañe a las convicciones y concepciones religiosas. Por ello, el derecho fundamental de libertad religiosa, “que es aceptado hoy prácticamente en forma unánime por la mayor parte de los documentos internacionales protectores de los derechos humanos”, debe ser protegido por nuestra legislación en toda su amplitud, y su ejercicio garantizado por el Estado.
Aunque nuestra legislación contiene en su texto los derechos y libertades en materia religiosa, su sola estipulación legal no es suficiente para garantizar su irrestricto ejercicio. Se requiere que las autoridades públicas cumplan y hagan cumplir, en el ejercicio de sus atribuciones, los mandatos legales en la materia, asumiendo cabalmente la función que la ley les ordena de ser garantes de la libertad religiosa.
Por esto, y con el propósito de consolidar la libertad religiosa en nuestro país, proponemos los siguientes puntos:

Finalmente, la política eclesiástica del Estado, entendida como la implementación de los principios que establecen nuestras leyes para regular la relación de éste con las Iglesias, y garantizar para todo individuo la libertad religiosa, debe responder a los nuevos desafíos que la propia dinámica social impone. Entre estas tareas urgentes se encuentran: la promoción de una cultura de respeto a la libertad religiosa, así como el fortalecimiento del carácter laico del Estado.

La conducción de la política eclesiástica debe tener como fines los siguientes:
•Primero: hacer efectivos los derechos religiosos que contempla el orden jurídico;
•Segundo: constatar que todo el aparato gubernamental se someta a los principios que rigen la relación del Estado con las asociaciones religiosas. Una política eclesiástica gubernamental, que observe un estricto apego a los principios rectores que establecen leyes, será la mejor garantía para el ejercicio de la libertad religiosa.
Es urgente que la relación del Estado con las Iglesias evolucione a un auténtico diálogo sustentado en el respeto mutuo, incluyente y no selectivo. ASICh