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Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

H. Congreso del Estado de Chiapas

En la Mira

Categoría: Columnas | Colocada por: ASICH | Fecha: 12-12-2018 | [Imprimir]
Héctor Estrada

Designación de LLaven Abarca reaviva pasado turbio


Inmediato rechazo ha generado en diversas organizaciones de la sociedad civil el reciente nombramiento de Jorge Luis Llaven Abarca como nuevo Fiscal General del Estado de
Chiapas tras la renuncia de Raciel López Salazar. Su designación a manos del Congreso del Estado ha regresado a la palestra una serie de acusaciones y expedientes turbios que cuestionan su nuevo nombramiento.
Mediante una carta abierta al ejecutivo estatal más de 70 organizaciones, entre las que destacan el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, la Organización Mundial Contra la Tortura, Mujeres Libres Colem, la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa y Voces Mesoamericanas, exigieron la inmediata destitución de Llaven Abarca.
De manera textual precisaron que durante su gestión como Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en el gobierno de Manuel Velasco, Jorge Luis Llaven “se caracterizó por el uso de la fuerza pública para la represión a personas defensoras de Derechos Humanos (DDHH). Integrantes de las corporaciones policiales que estaban a su cargo fueron denunciados por corrupción y estar involucrados en violaciones a DDHH, como detenciones arbitrarias y torturas. Hechos que continúan en impunidad”.
Denunciaron que como Secretario de Seguridad Pública no realizó las acciones necesarias para prevenir la violencia hacia las mujeres y hubo un aumento de feminicidios, a pesar de la Alerta de Violencia de Género que existe en Chiapas.
Dentro de los expedientes se enumera: la recomendación 26/2002 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), debido a las detenciones arbitrarias y tortura cometidas durante el operativo policíaco en la comunidad San José, en el municipio de Marques de Comillas, cuando el ahora nuevo fiscal se desempeñaba como agente del Ministerio Público.
Por los mismos hechos, la entonces Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la recomendación 01/2002 solicitando se iniciara un procedimiento administrativo de investigación y la integración de una averiguación previa en contra de Jorge Luis Llaven por la comisión de los delitos de robo, lesiones, tortura, daño en propiedad ajena, allanamiento de domicilios, abuso de autoridad, así como por violar la Convención Americana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
Las organizaciones firmantes señalaron que como Fiscal de la FECDO Llaven Abarca fue identificado como responsable de “detenciones arbitrarias, amenazas, tortura y otras violaciones a derechos humanos. Entre los más conocidos se encuentran la detención y tortura de integrantes de La Otra Campaña de San Sebastián Bachajón, la detención y tortura a David Potenciano Torres y el caso de tortura contra Wilber Cortez Acosta, entre otros”.
Precisaron que en 2005 la misma Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la recomendación CDH/007/2005 por la muerte bajo tortura de Luis Ignacio Lara Vidal, a manos de elementos de la entonces Agencia Estatal de Investigación (AEI). Por esta muerte se inició la averiguación previa 071/2005 ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Relacionados con Servidores Públicos. La investigación arrojó que aparte de los agentes de la AEI que custodiaban al detenido, también estaban involucrados cuatro Fiscales del Ministerio Público, entre ellos Jorge Luis Llaven.
Es la segunda vez que las organizaciones defensoras de Derechos Humanos más importantes en Chiapas se unen para repudiar una designación de Llaven Abarca dentro del gabinete estatal. Lo mismo sucedió en diciembre de 2012 cuando Manuel Velasco lo designó Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana e hizo “oídos sordos” a la exigencia social de echar atrás el nombramiento.
Esta vez las organizaciones firmantes han manifestado la necesidad una transformación profunda a las instancias de procuración de justicia en México, urgiendo para Chiapas una fiscalía autónoma, así como un cambio de estructura y funcionarios para finalmente erradicar de fondo a esa enraizada corrupción e impunidad. Se trata pues de un reclamo que sin duda deberá tomarse muy en cuenta por la legitimidad de su origen.. así las cosas.