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Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

H. Congreso del Estado de Chiapas

Piden familiares de indígenas presos su liberación por ser inocentes

Categoría: Portada | Colocada por: ASICH | Fecha: 03-09-2018 | [Imprimir]
*Denuncian que Fiscal del Ministerio Público Indígena comete corrupción y tráfico de influencia.

Roselino Jiménez/ASICh


San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.- Familiares de presos indígenas injustamente del municipio de Zinacantán pidieron la urgente intervención de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, así como de las autoridades competentes para que de una forma transparente y con credibilidad se dé solución a los casos de José Pérez Conde, José Vásquez
Pérez y Yovanny Virgilio Solís Molina, quienes fueron sindicados por el agente de ministerio público de la fiscalía regional indígena como autores tanto intelectual como material del homicidio de Mariano Pérez de la Cruz.
El caso, bajo el expediente penal 79/2016, lo cual es el de origen pero que hoy esta diferido y ha sido radicado en el expediente 19/2018, por la falta de capacidad del ministerio público y la forma tan aberrante y oscura con la que fue integrado el primer expediente bajo la carpeta de investigación 391-078-1001-2016, en el juzgado de control y Tribunal de enjuiciamiento del distrito de San Cristóbal de las Casas, así lo denunció María Magdalena de la Cruz Gómez, familiar de uno de los recluidos en el cereso de San Cristóbal de Las Casas y el pastor Juan Gregorio Pérez Sánchez, de la iglesia Jesús es el camino.
Ambos, señalaron que de manera por demás oscura y corrupta el agente del ministerio público ha hecho tráfico de influencia ya que el mismo ha convertido este caso en político, por la forma como ha querido integrar los expedientes penales, con pruebas y testigos inexistentes para mantenerlos privados de su libertad a pesar de que nosotros hemos presentado las pruebas requeridas para demostrar la inocencia en el caso del homicidio de Mariano Pérez de la Cruz, pero el fiscal del ministerio público ha buscado todas las formas para estar difiriendo durante casi dos años la audiencia de debate de juicio oral que por derecho corresponde.
Indicaron que el código nacional de procedimientos penales establece que el tribunal de enjuiciamiento deberá celebrar una audiencia de debate no antes ni después de 60 días naturales, sin embargo nuestros familiares llevan alrededor de 2 años sin que se pueda llevar a cabo dicha audiencia, lo cual ha sido diferida durante 7 veces a petición del fiscal del ministerio público con diversos pretextos e imputaciones que carecen de pruebas, que van desde la falta de sus testigos y pruebas fidedignas que sabe que no podrá probar durante esta audiencia porque todos es falso y solo actuó por tinte político y los verdaderos culpables siguen libres.
Explicaron que el caso de sus familiares está manipulado por la fiscalía regional de justicia indígena ya que en el mismo año 2016, el agente del ministerio público reabrió otro expediente con número 18/2017, el cual ya había sido juzgado
Por lo visto la justicia sigue siendo en nuestro país y nuestro estado, el lastre que agarra de escarnio y chivos expiatorios a los indígenas ya que de manera alevosa el ministerio público turnó el expediente al juzgado con sede en San Cristóbal de Las Casas, para que emita su resolución conforme a derecho pero a casi dos meses y a pesar de existir pruebas de la inocencia de los inculpados el juez vuelve a reabrir el caso mandando a citar unos peritos que aún no son localizados porque son falsos.}
Es por ello, como familiares de presos indígenas pedimos al presidente electo Andrés Manuel López Obrador así como al gobernador electo Rutilio Escandón Cadenas, a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos así como al cuerpo diplomático de la ONU, que nos ayuden a resolver nuestra situación jurídica lo más pronto posible ya que a todas luces se ve que este caso lo han convertido en situación política, ya que ha sido muy clara la corrupción que existe en el expediente 18/2017, y que por ser indígenas tienen a nuestros familiares privados de su libertad acusados de delitos que no cometieron. ASICh