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Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

H. Congreso del Estado de Chiapas

Artículo Único

Categoría: Columnas | Colocada por: ASICH | Fecha: 30-07-2018 | [Imprimir]
Angel Mario Ksheratto

“Mactumactanza”


Los defensores de los excesos y abusos de un grupo de pseudoestudiantes que torturaron hasta asesinar a uno de nuevo ingreso y dejaron con lesiones severas a otros, argumentan que se está “criminalizando” a quienes, en acción premeditada,
extendieron su brutalidad más allá de lo que algunos, pretenden disfrazar de “tradición escolar”.

En defensa de la institución (la Escuela Normal Rural Mactumactzá), hay que decir que no todos los alumnos, ni todos los maestros, han desvirtuado la lucha social; ha sido un grupúsculo de violentos jovenzuelos, los que desde hace años, desquician calles y carreteras, azotan a ciudadanos inocentes, asaltan comercios, destruyen propiedad privada y pública y secuestran autobuses.

Ese mismo grupo, es el que en la práctica de una supuesta “novatada”, sometió a los de nuevo ingreso a interminables torturas, actos que de ser comprobados, deberían ser configurados como delitos de lesa humanidad, en virtud de ser esa misma modalidad, la que organismos internacionales han acuñado a la desaparición de 43 normalistas en el estado de Guerrero.

Tan violatoria al Estado de Derecho, a los derechos humanos y a las libertades civiles ha sido aquella deplorable acción, como la ocurrida en el campus de Tuxtla Gutiérrez, cuyos victimarios, no han sido miembros de ninguna corporación policíaca, ni del ejército, ni del crimen organizado, sino los mismos que debieron ser ejemplo para futuros ciudadanos comprometidos con las mejores causas sociales.

Un argumento que saltó en defensa de los autores del crimen, es que, sencillamente, “exageraron un poco”. ¡Vaya justificación! ¿Aceptarían, acaso, que el gobierno mexicano, acusado de tener participación en la desaparición de 43 compañeros suyos, diga en su descargo que a quienes se los llevaron “se les pasó la mano “exagerando un poco”?

No hay defensa posible para un grupo de muchachos desquiciados que crecieron al amparo de la impunidad y bajo el cobijo de autoridades permisivas; con eso hay que decir además que quizá (solo quizá), no sean del todo responsables del asesinato cometido. Si desde que iniciaron una ofensiva burda —sin causa clara y desapegada de los cánones mínimos de la protesta social inteligente—, hubiesen sido frenados, hoy no estuvieran frente al pelotón de fusilamiento en las redes sociales.

El Estado, como garante de los derechos y obligaciones de todos los ciudadanos, se desatendió de ellos; les permitió toda clase de abusos y actos al margen de la ley, de tal manera que éstos, se sintieron intocables y con licencia para cometer toda clase de delitos, incluido ahora, el homicidio, el cual no debe quedar impune.

En esa tarea, cumplida medianamente por la presión social, debe llegarse hasta el fondo en las investigaciones y alcanzar la última consecuencia contra quienes resulten implicados. Y desde luego, abarcar los espacios donde se oculten los autores intelectuales y materiales, pasando por las autoridades escolares, las educativas, fiscales y judiciales, quienes han sido omisas a lo largo de la ola de violencia que ha caracterizado a ese reducido grupo de presuntos estudiantes.

Esto, porque en plena efervescencia del delito cometido, los tales siguen en las calles causando destrozos e intimidando a los ciudadanos, como si tuviesen licencia para delinquir.

Una cosa es la manifestación de las inconformidades, la protesta legítima y otra, la comisión de delitos graves que ponen en duda la nobleza de la lucha social y la capacidad de las autoridades para mantener el Estado de Derecho intacto y a salvo de hordas criminales. Un gobierno legítimo y fuerte, no puede darse el lujo de mantener suelto a Barrabás en medio del pueblo indefenso.

“Nadie por encima de la ley”, han dicho una y otra vez quienes detentan el poder; cúmplase entonces la sentencia y llévese a los Tribunales a quienes asuelan Chiapas. Entre éstos, a los de otras “organizaciones sociales”, que arrebatan la pequeña propiedad, invaden terrenos, amenazan a los ciudadanos y mantienen al gobierno mismo de rodillas.

¿Esperan que los militantes del MOCRI, los ambulantes y otras organizaciones y sindicatos cometan una matanza de inocentes para entonces, proceder penalmente contra ellos? ¿Permitirán que, con todo y un crimen en sus espaldas, los pseudoestudiantes de la Mactumactzá, sigan cometiendo barbaridades en la capital del estado? La urgencia es no solo aplicar la ley, sino evitar que se sigan realizando atropellos bajo el disfraz de un falso y raído disfraz de la lucha social. ¡Ya basta!