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Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

H. Congreso del Estado de Chiapas

La persona con discapacidad: del sujeto de asistencia al sujeto de participación política

Categoría: Portada | Colocada por: ASICH2 | Fecha: 10-10-2017 | [Imprimir]
Rosemberg Román

El 13 de diciembre del 2006 signada por más de 82 países fue aprobada en la ONU la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CIPCD); la convención es en la historia de la humanidad el primer instrumento de carácter jurídico que con un enfoque de derechos humanos enmarca directrices a los países para lograr el desarrollo pleno de las personas con discapacidad. Su principal impulsor fue el político mexicano Gilberto Rincón Gallardo (1939-2008).

Postulado por el Partido Democracia Social en el año 2000, fue en México el primer candidato presidencial con una discapacidad; pese a la adversidad mediática y efervescencia por Vicente Fox, logró estar en la tercera fuerza de las preferencias de elección presidencial; finalmente declinó por este, pero a cambio negoció e hizo realidad que México propusiera e impulsara la convención ante la ONU, además que se creara la CONAPRED, la institución encargada de erradicar, prevenir y sancionar la discriminación, la de salvaguardar los derechos de las minorías, loa de la diversidad y los derechos de la dignidad humana esencial frente a las instituciones; la CONAPRED es una institución fundamental en el México moderno de la cual fue titular hasta su muerte.

Don Gilberto, que también fue diputado federal durante las legislaturas LI y LV, fue un visionario que entendió y ejerció algo que aún pocos actores comprenden cuando sé es parte de una minoría: -no basta apoyar y luchar desde los instrumentos del derecho, es necesario ser un actor político para defender, crear y establecer estos derechos. Así se explica su gran esfuerzo por su activismo y al mismo tiempo como legislador, candidato presidencial y funcionario de la administración pública, así se explica haber llevado la lucha por las sociedades de convivencia, la igualdad de género y la despenalización del aborto más allá de la protesta y el marco legal existente, al escenario de la política dónde estos derechos debían renovarse e implementarse en leyes y políticas públicas.

Históricamente las personas con discapacidad han sido técnicamente “sujetos de asistencia”, individuos a los que el Estado y la sociedad tienen que ayudar, dotar y atender; la etiqueta de “grupo vulnerable” define y declara bien esa visión paternalista de asistencia social perpetúa, que niega implícitamente verlos como sujetos productivos. El discapacitado representa una carga para el Estado, la sociedad, las familias; bajo esa visión, al discapacitado se le atiende por humanidad y conmiseración, pero de ningún modo se le concibe como parte productiva y participante del colectivo social. En este escenario vigente hasta nuestros días, se enmarca al discapacitado como un mero sujeto de asistencia, pero no de participación.

En los años 60’s apareció en Estados Unidos un movimiento social de personas con discapacidad que reclamaban el derecho a la independencia, la autonomía y la autodeterminación como individuos y ciudadanos. El Movimiento de Vida Independiente (MVI) a la par de los derechos civiles, la no discriminación afro-americana y el fin de las guerras fue un movimiento cuyo reclamo principal versaba en la frase: “nada de nosotros sin nosotros”; exigía la obligatoriedad del Estado por dotar de servicios y un marco de derechos que garantizaran su inclusión plena a la vida social. Exigía que este reconociera a las pcd’s como sujetas de derechos, que no de asistencia; a la par de una visión cuyo paradigma estriba en que la discapacidad es consecuencia del entorno, social, arquitectónico, económico, cultural y no nace ni radica en la persona como señala el modelo médico, por tanto, la inclusión social efectiva se lograría cuando el entorno fuera para todos más amigable y accesible.

Este concepto de “diseño universal” que promueve eliminar las barreras del entorno construidas por siglos, la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalía (CIDMM) publicada en 1980 y su replanteamiento en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) del año 2001, constituyen el marco conceptual de la ONU/OMS para una nueva comprensión del funcionamiento de los individuos con discapacidad; la convención, sumada al reconocimiento constitucional a la inclusión desde los derechos humanos, algunas leyes nacionales, locales y ciertos programas gubernamentales que promueven la inclusión en México, son la expresión de la lucha de este paradigma llamado: el modelo de derechos; la lucha por dejar de ser “sujetos de asistencia” y pasar a ser “sujetos de ejercicio del derecho”, del conceder por conmiseración al dotar por obligación, de la dádiva filantrópica al derecho por equidad institucional, todo ello representa la visión que se resumen en “el derecho y su exigencia como instrumento de la inclusión social efectiva”.

Sin embargo, aún de este modelo, la vida real dista mucho de un ejercicio real de inclusión efectiva. Para el caso de la discapacidad durante más de dos décadas la lucha por trascender esos ideales y derechos de la tinta, al papel y la práctica han dado frutos relativamente poco exitosos y a veces nulos; para muestra, los millones de personas con discapacidad que carecen de educación, los miles de calles y edificios gubernamentales y privados sin accesibilidad, aunque la ley lo obligue; la existencia de los DIF como las instituciones de asistencia social responsables de atender las demandas de las personas con discapacidad y en su lugar, la ausencia institutos con perspectivas incluyentes que promuevan políticas públicas integrales para este sector.

Este modelo de derechos, entendido como la segunda fase en la evolución de la inclusión, ha sido una estrategia cuyos frutos, si bien importantes, su aplicación práctica aún no trasciende a un beneficio colectivo significativo, una de las razones es que han sido creados más como causa de buenas intenciones y no como proyectos de un consenso político que trascienda en su aplicación social efectiva. Otra razón importante es la escasa participación política de personas con discapacidad o afines que propongan establezcan y defiendan acciones legislativas dirigidas al sector, históricamente han sido y son muy pocos las personas con discapacidad en los espacios de toma de decisiones y los cargos públicos, lo cual da como resultado una efectividad limitada en su impulso e implementación.

Frente a ello, al igual que Gilberto Rincón Gallardo, el ex diputado Jesús Toledano, la Senadora Yolanda de la Torre, la ex Diputada Constituyente y periodista Katia D’Artigues en México, el eurodiputado Pablo Echenique en España, Lenin Moreno, actual presidente de Ecuador y otros personajes escasos, es urgente y necesario entonces trascender el tema de la inclusión y la discapacidad al terreno de la política, convertirnos en “sujetos de participación política” y no sólo en sujetos de derechos; es necesario dejar de estar del lado en dónde el derecho es un instrumento de exigencia a pasar al lado en dónde se promulgan, defienden y se establecen los derechos como instrumentos de exigencia e inclusión social.

Así, el sujeto de participación política con discapacidad, se presenta como esa tercera fase urgente de la inclusión social, una fase en que se es creador de instrumentos políticos efectivos para el modelo de derechos, el sujeto de participación política es la representación plena de pasar de ser espectador a protagonista, de sujeto de asistencia a sujeto instrumentador de soluciones a las necesidades colectivas, de ser parte de la conmiseración a ser impulsor de la inclusión efectiva en un país y estado donde la exclusión es el escenario cotidiano. #Cambiemos