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Categoría: Columnas | Colocada por: ASICH | Fecha: 28-03-2017 | [Imprimir]
Héctor Estrada

Intereses poderosos tras operaciones de Calera en El Sumidero


Cada vez resulta más evidente que algo muy turbio se esconde tras la operación
de la empresa Cales y Morteros del Grijalva pues, pese a los procesos jurídicos, las manifestaciones ciudadanas, las quejas ante organismos de defensa a los derechos humanos y las denuncias públicas, hoy opera con una licencia renovada e indefinida que apunta a convertirse en el “tiro de gracia” para el movimiento de resistencia civil que busca su clausura desde hace más de 10 años.
Las últimas declaraciones de la dirigente del Movimiento Salvemos al Cañón del Sumidero, María Alejandra Aldama Pérez, han caído como balde de agua fría a quienes durante años han seguido de cerca tan mediático asunto. Y es que, aunque parezca difícil de creer, en agosto de 2016 el caso parece haber dado un vuelco crucial en torno a los esfuerzos ciudadanos para conseguir la clausura de la empresa calera.
Se trata, según Aldama Pérez, de la actualización de la licencia de funcionamiento, y con ello la ampliación del periodo de permiso para la explotación de la zona; un trámite autorizado por el actual delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Chiapas, Amado Ríos Valdez, para quien (de plano) no existieron elementos contundentes que determinaran negar la renovación del permiso.
Tampoco importaron los dictámenes emitidos por instituciones como el Instituto de Geofísica de la Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM) o el Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas, así como las determinaciones de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (SEMAHN).
Apenas hace un par de semanas el Comité Ciudadano Público Conjunto de la Comisión de Cooperación Ambiental para América del Norte (CCA) presentó un expediente de hechos donde se documentan y exponen las graves violaciones al derecho ambiental en las que actualmente incurre la empresa Cales y Morteros del Grijalva, bajo la omisión cómplice de las autoridades competentes. Pero nada ha sido suficiente para el cese de sus operaciones nocivas.
Hoy, ante el funcionamiento constante, siguen sumándose los daños a las más de dos mil 600 hectáreas que han sido devastadas en su totalidad; una importante porción de la pared oriente en la zona aledaña a la calera presenta profundas grietas visibles; y miles de habitantes de la Rivera de Cahuaréactualmente padecen enfermedades crónicas provocadas por las partículas tóxicas emitidas por el complejo.
De nada ha servido tanta indignación e incuantificables afectaciones documentadas, mediante estudios realizados por especialistas en materia de topografía y salud, además de la demanda colectiva, interpuesta en 2011 por poco más de cien personas, ante el Juzgado Segundo de Distrito de los Tribunales Federales, con número de registro 000963/2011, que simplemente no tuvo resultados efectivos en la suspensión de operaciones.
Decepcionante ha sido la actuación y efectividad de las autoridades responsables de la protección ambiental y la salud pública.Intereses más poderosos han permitido la operación permanente de una empresa que se ha valido de todo tipo de argucias jurídicas e influencias oscuras para pasar por alto todo tipo de presiones en su contra, aun cuando todo apunta a su innegable responsabilidad en los perjuicios ampliamente documentados desde su inicio de operaciones en 1963… así las cosas.