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Categoría: Columnas | Colocada por: ASICH | Fecha: 27-03-2017 | [Imprimir]
Héctor Estrada

Amenaza reforma energética a tierras zoques de Chiapas


Mientras el descubrimiento de un nuevo yacimiento petrolero en el Golfo de México, a
manos de la empresa italiana ENI, se viraliza en las redes sociales, el temor, la represión e incertidumbre inundan a los pueblos zoques de Chiapas ante la inminente licitación 84 mil 500 hectáreas (de gran valor histórico-cultural) para la exploración y extracción de hidrocarburos, a manos de empresas privadas, como parte de los procesos licitatorios de la nueva reforma energética.
La oposición civil comenzó a agudizarse desde 2016, tras la confirmación del Gobierno Federal sobre la inclusión de 10 municipios zoques de Chiapas dentro de la lista de nuevos territorios disponibles para la explotación de hidrocarburos. Se trata de Tecpatán, Francisco León, Ostuacán, Chapultenango, Ixtacomitán, Solosuchiapa, Ixtapangajoya y Pichucalco, entre otros, que están ya en la mira de la Secretaría de Energía para las negociaciones comerciales en la materia.
Las advertencias de las organizaciones civiles han sido claras y contundentes; los territorios contemplados por la Ronda 2.2 de licitaciones en materia de exploración y extracción de hidrocarburos se encuentran justo dentro de territorios “sagrados” para los pueblos zoques, por lo que su posible explotación significaría un daño irreversible y una grave afrenta a la ancestral cultura indígena.
La resistencia social de las comunidades zoques en esta zona de la entidad chiapaneca ya ha tenido sus primeras batallas ante las autoridades gubernamentales. La firma de minutas, exhortos, declaratorias de inconformidad y protestas públicas por una acción evidentemente unilateral se han convertido en las herramientas utilizadas durante los últimos meses para oponerse firmemente a la licitación de sus tierras.
Como era de esperarse, la respuesta de las autoridades ha sido el autoritarismo y la represión pura. Prueba de ello es la detención de Silvia Juárez Juárez, integrante del Movimiento en Defensa del Territorio de la Región Zoque y del Comité Estatal Democrático de Padres de Familia, quien desde hace un mes se encuentra detenida por delitos prefabricados y acusaciones poco claras que se constituyen como evidente represalia a su participación en la resistencia social contra la licitación de las tierras zoques.
A ella se suman 29 órdenes de aprehensión más en contra activistas del municipio de Tecpatán debido adenuncias bajo los cargos de motín, secuestro y daños en agravio de la sociedad. Para no variar, se trata de supuestos delitos de los que ya en otras ocasiones se ha echado mano en Chiapas para amedrentar o arremeter contra grupos y personajes incómodos al aparato gubernamental. Nada que sorprenda dentro de la tan mañosa impartición de justicia en Chiapas.
La intervención en el tema de algunas figuras públicas como el diputado Guillermo Santiago y organizaciones defensoras de los derechos humanos ha comenzado hacerse presente. Sin embargo, el tiempo parece estar ya en contra. La licitación de los territorios zoques, dentro de la Ronda 2.2, comienza en el próximo mes de abril y las posibilidades pacíficas de detener el proceso antes de consumarse se reducen cada vez más.
Lo que sucede hoy con la región zoque de Chiapas es un claro ejemplo de lo que ha acontecido y acontece en otras latitudes del país, donde el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas para decidir o ser consultados sobre sus tierras ha sido claramente violentado. La manera unilateral y autoritaria para hacer valer la reforma energética de Enrique Peña Nieto ha puesto en “el horno” inminentes conflictos a gran escala que seguramente estallarán durante los siguientes años como “herencia maldita” para quien lo releve en el cargo… así las cosas.