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Artículo Único

Categoría: Columnas | Colocada por: ASICH | Fecha: 17-03-2017 | [Imprimir]
Angel Mario Ksheratto

ksheratto@gmail.com

El show de la FEPADE


Para cuando Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especial para Delitos Electorales
(FEPADE), detallaba —sin detalles— la “investigación” que llevó a la detención de la exconsejera del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) Margarita Esther López Morales, ésta ya tenía en sus manos el beneplácito de un juez para abandonar el penal de “El Amate”, bajo fianza. Una fianza ridícula. ¡Quince mil pesos!
Desde que se inició el proceso de investigación, el cabildeo entre fiscales, jueces, implicados, políticos y personeros gubernamentales, fue intenso. Se buscaba evitar un daño mayor a la institución electoral. Y, por supuesto, a los grandes beneficiados de un proceso duramente criticado, por la falta de criterios democráticos. Se dictaron, en al menos tres ocasiones, las respectivas órdenes de aprehensión.
En cada una, los nombres de los ex consejeros y exconsejeras que habrían de ser parte del show, fueron removidos, excepto los de una exfuncionaria administrativa del IEPC y de uno de los representantes de la empresa acusada de haber implementado el ahora llamado “fraude cibernético”. Un tercer empleado de alto rango de la dependencia, fue excusado en la última orden, así como dos representantes de la compañía que elaboró el falso padrón de chiapanecos residentes en el extranjero.
Inicialmente, se había incluido a las cinco exconsejeras y dos exconsejeros. Filtraciones acordadas desde el Juzgado de Distrito donde se radicó el asunto y de la misma FEPADE, alertaron a los involucrados, quienes acudieron a diversos personajes de la política para solicitar su intervención. “Amenazaron con delaciones de alto riesgo”, contó una fuente que, por obvias razones, solicitó el anonimato.
Para la segunda orden de arresto, María de Lourdes Morales Urbina, consejera presidenta y principal orquestadora del fraude electoral investigado, ya no figuraba como candidata a la cárcel; fue hasta la tercer ocasión que Ivonne Miroslava Abarca Velázquez, Margarita Esther López Morales y Carlos Enrique Domínguez Cordero, eran los únicos consejeros con orden de aprehensión, junto con Amable Mendoza de los Santos, exsecretaria Técnica de ese instituto. Lily de María Chang Muñoa, Jorge Manuel Morales Sánchez y María del Carmen Girón López, exconsejeros miembros del Comité Técnico Especial para la Coordinación del voto en el extranjero, así como Jesús Moscoso Loranca, habían sido exonerados sin juicio previo, como marca la ley.
No obstante, revela la fuente, los expedientes y anteriores órdenes de aprehensión, no han sido cerradas del todo. “Dependerá de factores externos e incluso, de presiones mediáticas, el que se reactiven o se archiven definitivamente”, dijo. Ello explica la extrema secrecía del titular de la FEPADE cuando salió a anunciar un hecho que había sido revertido legalmente.
Explica también, la celeridad para declarar prófugos a los restantes implicados, aun cuando éstos, se han estado presentando a sus centros de trabajo o realizan actividades normales, incluso, en la administración pública federal. Tal declaratoria es bien conocida en México. Se trata de fugas pactadas, como ocurre con el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por ejemplo.
De hecho, la detención de López Morales, pudo haber sido condicionada. Todos los indicios a ello apuntan. Tanto así que su declaración preparatoria, fue un trámite terso y expedito. Trascendió que no mostró ninguna preocupación; se tomó tiempo incluso, para llamadas telefónicas en las que abordó asuntos de su agenda social.
Todo nos lleva a algunas preguntas: ¿Está siendo, la FEPADE, seria en su trabajo? ¿Le creemos cuando las evidencias le son totalmente adversas? ¿Actúa por convicción o solo para cubrir apariencias? ¿Por qué recurre al ostracismo institucional? ¿Qué pretenden encubrir? ¿Por qué si existen las pruebas necesarias para castigar a todos los exconsejeros y exconsejeras, opta solo por los más vulnerables?
El fraude electoral del que se acusa a los involucrados, es grave. Merece por tanto, una sanción severa, sin contemplaciones y de manera vertical. Si para hacer el show se rodean de medios, mejor es que se queden callados. Lo que lamentamos es que con ésta puesta en escena, solo fortalecen a la impunidad, alimentan la corrupción y destrozan a la democracia.
Con farsas de esa índole, alientan a las instituciones electorales a violar las leyes y a los políticos, a actuar al margen de éstas. Tristemente, Chiapas sigue siendo el laboratorio de una federación perdida en laberintos sucios.