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Categoría: Columnas | Colocada por: ASICH | Fecha: 17-03-2017 | [Imprimir]
Héctor Estrada

El turbio caso judicial del fraude electoral en Chiapas


Las ordenes de aprehensión giradas este miércoles como parte del proceso judicial por el
presunto fraude electoral cometido por los ex consejeros del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas ha dejado más dudas que respuestas en torno a un caso cargado de irregularidades, revanchas políticas,nepotismo y complicidades evidentes.
Desde la integración de la averiguación previa las irregularidades comenzaron a hacerse presentes. Poco a poco las negociaciones e intervenciones de figuras políticas para dotar de inmunidad a algunos de los implicados circularon por las oficinas centrales de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).
Por eso las órdenes de aprehensión demoraron tanto y se replantearon en más de una ocasión. Por eso figuras directamente responsables del presunto fraude electoral, como la propia ex consejera presidenta del IEPC, María de Lourdes Morales Urbina, finalmente no fueron incluidas dentro de las órdenes penales para su captura y presentación ante las autoridades judiciales.
No es gratuito que la mayor responsable de autorizar y firmar el convenio con la empresa seleccionada para organizar la votación en el extranjero, así como todos los acuerdos respectivos, haya sido extrañamente exonerada de toda acción penal. Lourdes Morales tenía la facultad y obligación de avalar o negar todo contrato y/o acuerdo dentro del IEPC, por lo que su responsabilidad jurídica es innegable.
De acuerdo a declaraciones extraoficiales de los propios ex consejeros implicados, fue ella misma (María de Lourdes) quién presentó ante los integrantes del Conejo General a los representantes de la empresa contratada para la elección del denominado “diputado migrante”. Se encargó de facilitar las cosas y garantizar las firmas de los acuerdos para hacer posible el conteo de votos en el extranjero, que finalmente derivó en padrones alterados y votos falsos.
Sin embargo, hoy la expresidenta del IEPC goza de plena impunidad dentro del proceso. La posibilidad de que con su detención fuera revelada información inconveniente para algunas figuras con serias aspiraciones electorales parece haberla dotado de inmunidad. Ella sabe perfectamente quienes y desde donde se orquestó tremendo fraude electoral que, por cierto, terminó beneficiado abiertamente al Partido Verde Ecologista y demás fuerzas políticas bajo control gubernamental como Mover a Chiapas.
Se trata de un proceso “manoseado” por todos los recovecos posibles, con claros intereses de golpeteos y revanchas políticas. Por eso la detención prioritaria de Margarita Esther López Morales, que, aunque aún no recibe nombramiento oficial, ya ostentaba las funciones de la Dirección Jurídica en el Congreso de Chiapas, bajo el control absoluto de Eduardo Ramírez Aguilar, por cierto, también presidente de PEVM en Chiapas.
El resto de los consejeros imputados cuenta ya con los respectivos amparos para llevar sus procesos judiciales en libertad y esperar una sentencia penal definitiva, que seguramente será evadida mediante fianzas mayores. La FEPADE, bajo la directriz de personajes cercanos al priista Manlio Fabio Beltrones, hoy busca a toda costa la reclasificación del delito para garantizar el encarcelamiento y, con ello, un golpe evidentemente político que se cocina desde hace varios meses.
El proceso judicial que se sigue contra los exconsejeros no es más que una respuesta penal superficial a un asunto podrido de fondo. Los actores intelectuales del fraude electoral más escandaloso de las últimas décadas en Chiapas están más allá de simples de los funcionarios ejecutores, son ellos los verdaderos responsables del cochinero en el que resultaron los mayores beneficiados y para quienes simplemente la justicia seguirá siendo una “ciega conveniente”.