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Categoría: Columnas | Colocada por: ASICH | Fecha: 13-03-2017 | [Imprimir]
Héctor Estrada

Empresarios deben ser liberados


Ante la persistente negativa del grupo de Empresarios Chiapanecos Organizados (ECHO),
liderado por Rafael Jiménez Arechar, para “doblar las manos” ante las presiones del Gobierno de Chiapas y renunciar a la exigencia del pago de los presuntos adeudos, todo apunta a que los cinco líderes aún detenidos podrían pasar al menos otros cinco meses más tras las rejas, mientras las cosas se mantengan en el mismo tenor.
La forma en que las leyes han sido torcidas para consumar una evidente venganza política se ha corroborado con el paso de las semanas. La figura denunciante simplemente no existe desde hace más de tres años y los delitos de los que son acusados los empresarios son ampliamente debatibles porque carecen de elementos que los sustenten de fondo.
Para contextualizar resulta importante recordar lo expuesto semanas pasadas dentro de este espacio sobre la turbia situación que actualmente enfrenta la extinta “Sociedad Operadora de la Torre Chiapas”, quien, según la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, fue quien realizó la denuncia penal contra los empresarios manifestantes, pero que extrañamente desapareció desde el año 2013.
Según el Decreto de extinción 260, publicado en el Diario Oficial del Estado de Chiapas, el 17 de septiembre de 2013,“la Sociedad Operadora dejó de existir desde ese año, contemplando la liquidación del personal que ahí laboraba, y otorgándole (desde esa fecha) a la Secretaría de Hacienda estatal el control absoluto de “la administración, mantenimiento y operación de la denominada Torre Chiapas y sus anexos”.
Las contradicciones e inconsistencias dentro del proceso judicial saltan a la vista de manera muy sencilla. Como ya se ha dicho en reiteradas ocasiones, el delito de despojo contra los líderes de ECHO no puede configurarse a simple vista. No hubo ni apropiación forzada, ni secuestro del inmueble y mucho menos uso de la violencia durante los días en que permanecieron acampando en la explanada principal del complejo.
Hace apenas uno días el senador por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Zoé Robledo Aburto, salió a conferencia de prensa para acusar las irregularidades que se han documentado públicamente desde el día de la detención (a principios del mes de febrero). Fecha en que ninguna otra figura pública ha salido a denunciar o fijar postura sobre un evidente caso de violaciones a derechos humanos tan esenciales como el de la libre expresión y manifestación.
El resto de los legisladores han guardado ese mismo silencio cómplice, ya recurrentemente utilizado en otros tantos asuntos de evidente corrupción y/o abuso de autoridad en Chiapas. Y qué decir de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y su titular, Juan Oscar Trinidad Palacios, en donde la defensoría de derechos humanos es ya un tema de claras complacencias o complicidades, cuando se trata de cuidar las espaldas del gobernador y sus alfiles.
La evidente violación a las garantía del debido proceso y la salvaguarda de otros derechos humanos como la libre expresión y/o manifestación son tierra fértil para llevar el caso de manera exitosa ante instancias como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y (en su caso) la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fin de ventilar en lo nacional e internacional una situación tan apremiante como la que vive Chiapas en ese y otros tantos casos recientes. Por eso, la cordura deberá apuntar a la inmediata liberación de los cinco detenidos, para llevar su proceso en libertad y evitar que la situación pueda complicarse aún más de manera innecesaria… Así las cosas.