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Centenario de exclusión del derecho a la tenencia de la tierra para las mujeres

Categoría: Portada | Colocada por: ASICH | Fecha: 15-02-2017 | [Imprimir]
*Exclusión histórica de las mujeres a la tenencia familiar de la tierra para la defensa del territorio como propiedad social

La exclusión de las mujeres de la tenencia de la tierra es histórica, basada en la división sexual del trabajo, y reproducida social, cultural y jurídicamente. Esto último, en el Estado Liberal ha sido avalado a través de leyes y normas resultado de un proceso legislativo.

En México, la Constitución de 1917, las reformas agrarias y las recientes reformas estructurales como la energética, al omitir considerar la especial situación de las mujeres y profundizar la desigualdad, han violado y perpetuado de manera reiterada el derecho a la tierra y el territorio de las mujeres campesinas e indígenas.
Es importante recordar que desde sus orígenes la propiedad social se estableció como colectiva, siendo los sujetos de derecho agrario los pueblos y comunidades, “…la tierra y los bienes ejidales eran considerados patrimonio familiar” no obstante, el patriarcado inculturado caracterizó prácticas oficiales que privilegiaron a los hombres para que se agenciaran de ese derecho bajo el argumento de ser los jefes de familia.
Esta visión sesgada se formalizó en 1920 en la Ley de Ejidos cuando el derecho a solicitar tierras ejidales fue atribuido al jefe de familia. Un año más tarde, por añadidura, la Circular número 48 de la Comisión Nacional Agraria, confirmó su carácter discriminador al señalar que las mujeres solteras o viudas con familia a cargo que atender serían consideradas también como jefes de familia (sic), reforzando estereotipos que asignan a las mujeres la responsabilidad de cuidado y protección de la familia.
En 1927 en la Ley de Dotaciones y Restituciones de Tierras y Aguas se incluye a las mujeres como beneficiarias de la dotación de tierras pero condicionadas a su situación de soltería o viudez con familia a cargo, en tanto que para los hombres el requisito de ser jefe de familia se amplía a ser mayores de edad sin importar el estado civil; norma que en 1934 nuevamente favorece a los hombres como titulares cuando es aceptada su solicitud de tierras desde los 16 años para los solteros y de cualquier edad para los casados. Consideración que se mantuvo en la Ley de Reforma Agraria durante los años setentas hasta la contrarreforma agraria.
En 1992 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 27 de la Constitución Federal, que puso fin al reparto agrario y creó un marco legal para privatizar la propiedad social, borrando las limitaciones que el ejidatario tenía para el uso de la parcela en función de la sociedad, del núcleo campesino y de su familia; además favoreció la titulación individual masculina en ejidos y comunidades a través del programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE) enmarcado en la nueva Ley Agraria lo que profundizó la exclusión de las mujeres de los planes y programas de reparto agrario, así como también la eliminación de la posibilidad de acceder a la tenencia de la tierra vía dotación o restitución; dejándoles como única opción la de adquirir derechos por sucesión, por compra o por reconocimiento de la Asamblea.
En ese sentido las distintas etapas en que se han hecho reformas a la Constitución, y en particular al tema agrario, han perpetuado la discriminación hacia las mujeres, al establecer requisitos diferenciados para ejercer plenamente el derecho a la tierra y el territorio en igualdad de condiciones.
La desigualdad histórica que las mujeres han enfrentado para reconocerles derecho al patrimonio de bienes comunes, como la propiedad social de la tierra y el territorio, se contrapone incluso a la reciente armonización de la Constitución en materia de derechos humanos al omitir lo pactado en tratados y convenios internacionales ratificados como la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer que exige a los Estados garantizar el derecho de la mujer a recibir igual trato en las reformas de tierra y reformas agrarias (Artículo 14.2 (g)) y al derecho de igualdad de los cónyuges en cuanto a la posesión y administración de la propiedad (Artículo 16.2 (g)). En el caso de los pueblos indígenas, los derechos de igualdad de la mujer al goce de condiciones de vida adecuadas (Artículo 14.2 (h)), podría interpretarse de manera que incluye la protección del derecho a los recursos naturales.
A cien años de la Constitución de 1917, que fue considerada como el primer documento que reconoció derechos sociales, las mujeres campesinas e indígenas siguen invisibilizadas. Las políticas agrarias las ignoraron y les negaron derechos, al no contemplar las relaciones desiguales de poder existentes en el campo, limitando el ejercicio de sus derechos como ciudadanas hasta el día de hoy.
Desde distintas plataformas, organizaciones y pueblos en lucha se ha defendido el ejercicio de derechos en igualdad de clase, género y etnia, siendo uno de ellos el Movimiento en Defensa de la Tierra, el Territorio y por la Participación y el Reconocimiento de las Mujeres en la Toma de Decisiones, en donde pueblos, organizaciones y comunidades defienden la urgente necesidad de que se reconozca la tenencia familiar de la tierra para la defensa integral y articulada del territorio como propiedad social.
Esta propuesta es vigente y actual ante los embates que se avecinan tras la reforma energética cuyos efectos a los Artículos 27 y 28 constitucionales obligaron modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica, Ley de Inversión Extranjera, Ley Minera, Ley de Asociaciones Público Privadas y la Ley de Hidrocarburos que define a la industria de hidrocarburos de utilidad pública, pretexto por el cual el Estado puede determinar la ocupación o afectación superficial de los terrenos y que las actividades de exploración y explotación tienen preferencia sobre cualquier otra actividad, como la agropecuaria, al igual que la actividad minera, incluso si los propietarios no llegan a un acuerdo con la empresa extractiva el Estado podría expropiar los terrenos o superficie necesaria. ASICh