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Categoría: Columnas | Colocada por: ASICH2 | Fecha: 06-02-2017 | [Imprimir]

Héctor Estrada

Facturas infladas ¿pruebas de la complicidad gubernamental?


Sin pensar en las consecuencias (como en muchas de las decisiones del gobierno verde) el tema de las presuntas facturas con sobreprecios, filtradas mediante las redes sociales, terminó por reabrir la cloaca de una práctica recurrente en la administración pública que, de ser ciertas,
dejaría de manifiesto la complicidad del gobierno de Manuel Velasco Coello con los actos de corrupción cometidos durante la administración de Juan Sabines Guerrero.
La facturación con precios “inflados” y el pago de diezmos durante los procesos de adquisiciones no son nada nuevo. Se han vuelto una práctica habitual en la mayoría de los gobiernos municipales, estatales y federales. Es la modalidad más usual para facilitar el enriquecimiento ilícito de muchos funcionarios públicos durante su gestión.
“No hay contrato si no hay moche”, es el argumento más usual a la hora de meter a “concurso” o adquisición directa cualquier compra de bienes o servicios. La modalidad es sencilla; se elevan los precios para devolver en efectivo a las bolsas del funcionario facilitador gran parte del dinero pagado con recursos públicos. Se trata entonces de una extorción convertida en un procedimiento prácticamente normalizado en México.
Por eso resulta controversial que hayan salido a la luz estas supuestas pruebas de la corrupción en los procesos de compra, porque abren la puerta a dudas legítimas e investigaciones necesarias que permitan esclarecer semejantes dichos. Abren la posibilidad de que las pruebas sobre este tipo de corrupción existan y estén en manos de las propias autoridades solapadoras, que parecen preferir guardar silencio ante las irregularidades de sus predecesores.
Las facturas filtradas y expuestas, que se supone son documentos bajo posesión exclusiva del Gobierno de Chiapas y los proveedores, están fechadas con más de cuatro años de antigüedad (septiembre de 2012). Fechas en las que se realizaba la transición (entrega-recepción) entre el gobierno de Sabines Guerrero y Velasco Coello. Sin embargo, desde ese entonces nada se ha dicho al respecto. Se ha guardado silencio.
La posibilidad de que existan estas facturas y otras tantas que también estén bajo el conocimiento del actual gobierno habla de complicidad absoluta. De encubrimiento a aquellos funcionarios que muy probablemente se enriquecieron a costa de estas prácticas corruptas, y que hoy disfrutan de la inmunidad o impunidad que sólo puede ofrecer un gobierno que seguramente tampoco tiene las manos limpias para exponer a otros.
¿Por qué hoy son a los proveedores a quienes se pretende crucificar públicamente por actos que requirieron también de funcionarios para consumarse? Lo operadores del gobierno estatal saben
bien que las campañas de desprestigio son la única forma de confrontar al movimiento de empresarios incómodos, pues llevar el tema al espectro legal implicaría también llamar a cuentas a funcionarios del pasado con quienes hay evidente inmunidad pactada.
Que no se quiera engañar a la ciudadanía, los empresarios liderados por Rafael Jiménez Arechar fueron detenidos y enviados a “El Amate” por una represalia política que legalmente no tiene nada que ver con las dichosas facturas. Si verdaderamente hay interés en aclarar el asunto de los “precios inflados”, el Gobierno de Chiapas deberá abrir de inmediato una investigación a fondo para fincar responsabilidades y llamar a cuentas a los funcionarios públicos responsables de validar tramposamente cualquier irregularidad, sea quien sea. ASICh